NOTA DE PRENSA

PERSONAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO PROFESIONAL CONSTITUYEN LA COMISIÓN CIUDADANA POR LA VERDAD EN LAS RESIDENCIAS DE MADRID

Después de tanta muerte, tanto sufrimiento y tanta soledad nada ha cambiado en estos centros. La sociedad civil quiere buscar la verdad y la reparación para las víctimas.

A petición de familiares de personas fallecidas en las residencias de Madrid, agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, se ha constituido la Comisión Ciudadana Por la Verdad en las Residencias de Madrid, para investigar las muertes de 7.291 personas, que fallecieron en dichos centros sin recibir atención sanitaria. Los miembros que la componen son los siguientes:

• José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que la presidirá
• María Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California. Profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de l a Universidad de Montreal
• Fernando Lamata Cotanda. Médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria, ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad. Ha sido miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias
• Anna Freixas Farré. Escritora. Profesora jubilada de la Universidad de Córdoba. Ha hecho importantes aportaciones sobre el envejecimiento de las mujeres.
• Fernando Flores Giménez. Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad.
• Cristina Monge Lasierra. Socióloga y Politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza.
• Eduardo Ranz Alonso. Abogado y profesor de la Universidad Carlos III. Especialista en memoria histórica.

En esta Comunidad, durante los meses de marzo y abril de 2020, murieron 9.468 personas que vivían en residencias (el 18% del total); y de ellas, 7.291, el 77%, lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Estas cifras suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo el país, durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que la Comunidad de Madrid contaba solo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España).

Unos protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, impidieron el traslado de pacientes, que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, a hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema ─3.811 personas atendidas y solo 23 fueron derivados de residencias─ a los hoteles medicalizados y a los hospitales privados ─salvo que la persona residente tuviese un seguro privado─. Tampoco se medicalizaron las residencias.

Amnistía Internacional en un informe titulado “Abandonados a su suerte” (diciembre de 2020)considera que “se ha hecho evidente que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19, en particular en Cataluña y Madrid, han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, y en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, y además resultaron ineficaces para proteger a
un colectivo especialmente vulnerable. Asimismo, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho de las personas residentes a la vida privada y a una muerte digna.”

Hechos tan graves, tres años después, no han sido investigados. El 6 de julio de 2020 se constituyó en la Asamblea de Madrid la “Comisión de investigación sobre la situación provocada por el COVID -19 en los centros residenciales de personas mayores de la comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020”. Dicha comisión, tras haber realizado ocho sesiones, quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021. El 11 de junio, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron la reapertura de la citada comisión, pero esta fue denegada por el PP y Vox. Estos dos partidos negaron a lo largo de la legislatura sucesivos intentos de reabrirla.

Las consecuencias inmediatas de, no investigar, no juzgar y no tomar medidas, ya son visibles, al contribuir en la intensificación de la deshumanización que caracteriza el mundo de las residencias. Después de tanta muerte, tanto sufrimiento y tanta soledad nada ha cambiado en estos centros: ni la dotación de medios, ni el número de trabajadoras y trabajadores, ni el tamaño de los centros, ni el alto número de centros privados, ni el modelo de atención, ni los responsables de dirigirlas.

A estos efectos visibles habrá que añadir, como escribe Olga Belmonte, que “La posibilidad de seguir creyendo en el ser humano dependerá de que cada uno… nos preguntemos que estamos haciendo para… evitar la deshumanización y reparar el dolor de las víctimas”.

Sabemos que la sociedad civil tiene suficientes recursos y conocimientos para no quedarse de brazos cruzados y buscar la verdad y la reparación para las víctimas. Con ese propósito, ponemos en marcha esta Comisión, que, para evitar cualquier interferencia electoral, comenzará sus trabajos a partir del mes de junio próximo.

Madrid, 25 de abril de 2023